Este jueves 12 de marzo, Perú amaneció con un escenario de parálisis logística. Diversos gremios de transportistas, liderados por la Confederación Nacional de Gremios del Transporte de Carga Pesada, iniciaron un paro nacional indefinido en protesta por el desabastecimiento crítico de combustibles y un incremento en los precios que vuelve inviable la actividad.

La movilización, que logró unir a sectores de carga, servicios de taxi y transporte ejecutivo, surge como un grito de auxilio ante lo que califican como una «indiferencia sistemática» del Ejecutivo frente al colapso del mercado energético.

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Magno Salas, presidente de la Confederación, advirtió que en los grifos ya no solo falta gas, sino que el petróleo y el gasohol desaparecieron de los surtidores o se venden a precios prohibitivos, superando los 22 soles por galón en diversos puntos del país.

Esta situación no solo detiene los camiones; destruye la rentabilidad de miles de familias. Los gremios denuncian que las pérdidas son millonarias y que, hasta el momento, no recibieron una convocatoria oficial para dialogar sobre soluciones técnicas que reduzcan la carga impositiva tributaria sobre los hidrocarburos durante este periodo de emergencia.

???? #Perú ???????? | Aumenta la crisis por el desabastecimiento de gas. En un país que cuenta con importantes reservas de gas natural, la ciudadanía de Lima sufre largas colas y el aumento de precios en balones de uso doméstico y gasolina.

¿La razón? La rotura del único ducto que… pic.twitter.com/1gTgf2fYTI

— Ramiro Angulo Machiavello (@RamiroteleSURtv) March 11, 2026

Uno de los puntos más álgidos de la jornada es la posición de los taxistas, quienes se plegaron masivamente a la medida. El sector rechazó de plano el subsidio estatal de 120 soles, calificándolo de «insuficiente» e incluso ofensivo. Jorge Garibay, representante del taxi ejecutivo, fue enfático: ese bono apenas cubre los gastos operativos de un solo día de trabajo.

La comparativa de ingresos presentada por los conductores revela un panorama desolador pues antes de la crisis con una inversión de 35 soles en combustible, un taxista generaba 200 soles diarios, quedándose con una ganancia neta de entre 120 y 150 soles. En contraste el escenario actual, el costo de abastecerse se disparó a 140 soles, lo que obliga a muchos trabajadores a laborar más de doce horas para llevar apenas 30 soles a sus hogares.

«Es un escándalo», afirman los conductores, quienes señalan que la producción diaria ahora se consume casi íntegramente en el grifo, dejando a las familias en un estado de vulnerabilidad extrema. La advertencia de Magno Salas fue clara: «El 12 la paralización es indefinida». Los transportistas decidieron apagar los motores de forma total para forzar una respuesta estructural que vaya más allá de bonos paliativos.

El sector exige que el Gobierno asuma su responsabilidad en la falta de políticas de previsión y que explique por qué, siendo Perú un país productor, el combustible llegó a niveles de escasez y costo tan alarmantes. La jornada de este jueves marca el inicio de un pulso de poder entre los gremios y el Ejecutivo, con una economía nacional que comienza a sentir el impacto del desabastecimiento de productos básicos en los mercados, consecuencia directa del cese de actividades de la carga pesada.

En enero hubo protesta para exigir de derogación del Decreto de Urgencia 1025, promulgado el pasado 31 de diciembre, que según los manifestantes y diversos expertos, esta norma es la piedra angular de una estrategia para fragmentar la petrolera estatal. El expresidente de la compañía, Alejandro Narváez, advirtió que el decreto busca crear «unidades de negocio» independientes, una maniobra diseñada para desmembrar la estructura de la empresa y facilitar su venta, total o parcial, a intereses privados.

Frente a estas acusaciones, los gremios impulsan más de una docena de proyectos de ley que buscan declarar la inconstitucionalidad del decreto, argumentando que la soberanía energética del país está en riesgo.

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